La estricta legislación vigente para la protección del empleo en Chile, representa una barrera a la contratación. Existe una importante asimetría entre la protección frente al despido de los trabajadores con contrato indefinido y de los trabajadores con contrato temporal, lo cual hace que las empresas se muestren reticentes a convertir los contratos temporales en indefinidos, provocando una elevada rotación de trabajadores temporales.
Esto puede obstaculizar el crecimiento de la productividad al reducir los incentivos existentes en las empresas y en los trabajadores temporales para invertir en capacitación (Dolado et al., 2012).
Chile debería rebajar de forma considerable la indemnización por años de servicio para los trabajadores indefinidos y reforzar el seguro de desempleo, tal y como se recomienda en el Estudio Económico de 2012 y en Going for Growth (OCDE, 2013d).
Los jóvenes son precisamente quienes más posibilidades tienen de beneficiarse de estas medidas. La evidencia obtenida en Chile sugiere que la elevada protección de los trabajadores con contrato indefinido está afectando negativamente sobre todo a los jóvenes, haciendo que su participación en la fuerza laboral y su capacidad de empleo resulte más difícil (Pagés y Montenegro, 2007).
LOS INDIVIDUOS CON BAJA CAPACITACIÓN
El hecho de que muchos jóvenes chilenos hayan completado la educación secundaria y terciaria les ha permitido contar con una preparación mejor para acceder al mercado laboral. Pero la política de capacitación y educación debe llegar también a numerosos adultos que no pueden acceder a la educación superior y que abandonaron la educación con unas destrezas muy escasas, así como a quienes trabajan en el sector informal, que es donde suelen registrarse los niveles más bajos de productividad. Si bien la informalidad se produce por múltiples causas regulatorias y estructurales, el bajo logro educativo se encuentra entre las más importantes (Dougherty y Escobar, 2013).
El gasto en capacitación de Chile se encuentra por encima del promedio de la OCDE y, sin embargo, las evaluaciones han concluido que los programas de capacitación con financiamiento público no son efectivos y están escasamente orientados a aquellos que más lo necesitan (Larrañaga et al., 2011; OCDE, 2012a). El gobierno está trabajando en un ambicioso proyecto de ley dirigido a rediseñar el sistema público de capacitación y a reformar el servicio nacional de empleo y capacitación, así mismo como el desarrollo de un sistema nacional de certificación de competencias laborales.
Fuente:
ESTUDIOS ECONÓMICOS DE LA OCDE CHILE OCTUBRE DE 2013
Ideas y Análisis 